En su artículo 19, la Declaración Universal de los Derechos Humanos —adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas— establece que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Al respecto, dice lo siguiente:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
La libertad de expresión también está consignada en la Constitución dominicana, acompañada de una serie de acápites que buscan evitar que esta se convierta en libertinaje y de paso afecte las reputaciones y privacidad de la gente —lo que se conoce como difamación e injuria—.
En teoría, los humanos de todo el mundo gozamos de libertad de expresión, pero, ¿hasta qué punto es así? Lo cierto es que en la práctica a menudo nos vemos limitados a la hora de expresar nuestras opiniones, ello en función de las circunstancias que nos rodean. El último ejemplo fue el del general apresado esta semana tras publicar su opinión respecto a unos procesos de reforma que lleva a cabo la Policía Nacional.
El caso ha llamado la atención, sobre todo porque esa persona que apresaron tiene mucho criterio y valor, o al menos eso dicen quienes lo conocen. Otros dicen que conspira contra el jefe de la Policía.
Pero este no es el único. Yo misma he sido víctima, recientemente, de la intolerancia que suele acompañar la «libertad de expresión» cuando toca intereses de cerca o afecta sensibilidades, aún cuando no haya ninguna difamación de por medio.
Siempre oigo a la gente decir que no se debe criticar a la empresa donde uno trabaje, sea dentro del sector público o privado, ya que ello trae consecuencias negativas. A mi entender ahí es donde yace una parte importante del problema nacional: estamos acostumbrados a aceptar en silencio lo que venga, a sabiendas de que está mal, y cuando aparece un valiente que dice las cosas como son, pues a ese le caen encima, y por lo general no recibe apoyo de sus compañeros. Pasa a diario en todas partes.
Todos quieren coartar el derecho a la libertad de expresión, y el fenómeno está estrechamente ligado a lo que dije al principio: es difícil aceptar las críticas, y siempre hay intereses de por medio, incluso en compañías multinacionales.
Rocío Díaz hace su artículo sobre el general preso y la liberta de expresión en RD http://is.gd/1zNDE
Cada institucion tienen sus pautas de conducta, y una que otra politica con respecto a ellas que a veces no son controladas por leyes fuera de esta y que condenan a sanciones disciplinarias. Me imagino que un individuo atado a una institucion tiene que seguir estas politicas y a veces los derechos de un simple ciudadano no aplican. Pero, debe de haber un mecanismo para que estas personas puedan ejercer su derecho de opinion ante el gobierno por un proceso que no este vinculado a medios publicos.
Todos firmamos un acuerdo, sea un empleador o institucion gubernamental que nos obliga a ciertas cosas, y a acudir a los canales necesarios para procesar una queja u opinion, seria interesante saber esas pautas dentro del gobierno antes de llamarle a esto algo que interfiere con la libertad de expresion.
@José Romano, gracias por el comentario. Es bueno aclarar que este artículo no guarda relación directa con el caso del general apresado, solo ha coincidido con ese acotceimiento.
Lo que quiero decir es que hay libertad de expresión, pero es limitada por cosas como esas que mencionas. El día que se habló del caso de la PN hice un comentario donde lo comparaba con el caso del empleado de Microsoft que fue sancionado por usar un iPod. Si bien ese es su derecho, hay que ver donde trabaja.
Rocío Díaz hace su artículo sobre el general preso y la liberta de expresión en RD http://is.gd/1zNDE