Uno de los proyectos más interesantes que emprendió la pasada gestión de Hipólito Mejía fue el de los invernaderos (instalaciones para el cultivo de plantas en condiciones controladas). Tomando en cuenta que para ser competitivos en la agroindustria y no terminar siendo el jacuzzi del mundo necesitamos esa transferencia de tecnología, este era un gran paso para alcanzarlo. Lamentablemente, el proyecto terminó cayéndose por las acusaciones de corrupción en la repartición de los invernaderos y la gestión del presidente Fernández lo convirtió en el ícono de la corrupción gubernamental.
El nuevo gobierno invirtió tanto tiempo lanzando lodo sobre el gobierno anterior que ni siquiera se ocupó de recoger las pruebas que sustentaban sus acusaciones, y ayer, después de 28 meses, una jueza declaró no culpables a los implicados al considerar que el ministerio público no probó la acusación. Al parecer en su intima convicción eran culpables, pero no se pudo demostrar con precisión. En este caso ganaron las dos partes: ganó el gobierno actual (votos por el desprestigio del contrario) y ganaron los beneficiarios (que recibieron los invernaderos), pero perdió el país.
