Dice Bernardo Vega, en su columna del semanario Clave, hablando sobre la campañita internacional que se tiene montada con aquello de que en los bateyes dominicanos los trabajadores haitianos viven en una cuasi-esclavitud:
En el pasado los cortadores eran contratados en Haití, con el apoyo del ejército haitiano y traídos por soldados dominicanos. Muchos creían que venían a dedicarse a otra actividad y una vez en el batey no podían salir de allí, pues se lo impedían los guarda-campestres. Bajo esas condiciones, la definición de un estado de cuasi-esclavitud se justificaba.
Propone dos medidas que podría tomar el gobierno para neutralizar dichos argumentos:
- Prohibir mediante decreto que el ejército dominicano y la dirección de migración participen en el tráfico de importadores. Si ya hay un millón de haitianos en nuestro país, y la industria azucarera solo necesita 10,000, no hay necesidad de traer más.
- Derogar una legislación que data de 1916 (ocupación norteamericana) y que fue fortalecida en 1930 (primer año de la dictadura de Trujillo). En esta se le da poder al guardia campestre, un empleado privado con las atribuciones de un policía, para retener —secuestrar— a los cortadores en los bateyes.
Muy buena esta última expresión: «Al haitiano donde hay que atajarlo es en la frontera».