La iniciativa del comunicador Huchi Lora, por conocer algunos datos del Metro de Santo Domingo fue una de las noticias más comentadas de este año. Durante once meses estuvo pidiendo estos documentos amparándose en la ley de Información Pública. Finalmente, la justicia en el día de hoy actuó a favor de Lora.
Esos documentos, justificados de confidenciales y «con carácter de seguridad nacional» ya están en sus manos. Una obra que, actualmente sigue siendo controversial para muchos ante el silencio que el Estado mantiene ante puntos sobre estudios de suelo, el coste real de materiales, personal o realización de subcontratos a empresarios o particulares, siendo licitados o no.
Aunque la OPRET -oficina creada para encargarse de proyectos de tránsito como el Metro que tenemos en construcción- estuviera constantemente violando dicha disposición legal, Lora llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, donde peleó constantemente para que sea aplicada la ley como lo establece. A su casa, llegaron más de 7 baúles y 12 carpetas llenas de documentos que los distribuirá al ingeniero Osiris de Leon, quien los pidiera originalmente en varias ocasiones.
Es una muestra de verdadera democracia el hecho de que cualquier ciudadano pida información y ver qué tan transparente son nuestros representantes. Gracias a esta ley, todos los organismos públicos están en la obligación de presentar sus documentos, de manera sencilla y accesible. Algo que, remontado a unos años atrás, era imposible de imaginar.
En esto no hay ganadores absolutos. Tanto el ciudadano como el Estado ganan entre sí. La persona por reinvindicar sus derechos constitucionales; el Estado por evaluarse y automantener una gestión transparente. Por cierto, un dato curioso: la palabra metro ha sido la más usada este año.
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